El ‘derecho a reparar’ será una realidad en los países de la Unión Europea antes de que acaba el año 2022, si se cumple el mandato del Parlamento Europeo a la Comisión Europea para legislar en esta materia antes de final. Una resolución que enlaza con el compromiso de ciudadanos y empresas en la evolución hacia una economía circular. Según una encuesta del Eurobarómetro, el 77% de los ciudadanos de la UE preferiría reparar sus dispositivos antes que sustituirlos y el 79% cree que se debe exigir a los fabricantes que faciliten la reparación de los dispositivos digitales o la sustitución de sus piezas individuales y el 77% preferiría reparar sus dispositivos antes que sustituirlos.
El texto normativa planteado por la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor subraya que, para que el derecho a reparar sea efectivo, debe abarcar todo el ciclo de vida de un producto, incluyendo desde el diseño, a la producción ética, la estandarización, el etiquetado sobre la posibilidad de reparar el producto y sobre su vida útil estimada, la ampliación de los derechos de garantía y la contratación pública.
Además, tanto la industria de la reparación como los consumidores deben recibir información sobre reparación y mantenimiento de forma gratuita.
“Reparar productos rotos o dañados significa ahorrar dinero, energía y recursos, lo que es más esencial que nunca para la creación de un mercado único resistente. Reparar sus propios productos permite a los consumidores abandonar la sociedad del descarte y asumir un papel activo en el cambio hacia una economía circular. La UE debe cumplir con el derecho a la reparación”; subrayó Anna Cavazzini, presidenta de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor.
La Comisión anunció que presentará una propuesta de modificación de la Directiva sobre la venta de bienes y que está estudiando presentar una propuesta legislativa separada sobre el derecho a la reparación durante el tercer trimestre de 2022.
Prácticas comerciales “desleales”
Las prácticas que indebidamente limiten el derecho a la reparación o conduzcan a la obsolescencia podrían considerarse “prácticas comerciales desleales”, y quedar prohibidas en la UE.
Los eurodiputados también plantean incentivos para que los consumidores opten por reparar en vez de sustituir los productos. Entre ellas, la obligación de ofrecer un bien de sustitución mientras dure la reparación de determinados productos, la ampliación de las garantías y la concesión de bonificaciones a los consumidores que opten por la reparación.
Además, se les deberá informar en el punto de venta sobre aspectos como las “puntuaciones de reparación”, la vida útil estimada, las piezas de recambio, los servicios de reparación, así como la disponibilidad de actualizaciones de software.
Cuando un producto se averíe estando en garantía, el consumidor tendrá derecho a elegir entre la reparación o la sustitución, a no ser que una de estas medidas suponga costes desproporcionados para el empresario.
Otras propuestas son introducir requisitos de diseño de los productos para que sean más duraderos y se puedan reparar con seguridad, y que sus piezas sean fácilmente desmontables; un posible mecanismo de responsabilidad conjunta entre el fabricante y el vendedor, o la introducción de requisitos de durabilidad y reparación en una futura directiva de diseño ecológico.