Sobre el papel, España es uno de los países que cuenta con mejores condiciones y recursos para liderar la transición de los modelos de producción y consumo hacia la economía en circular. Pero, ¿estamos sacando provecho a esas ventajas? ¿Estamos en condiciones de cumplir con los objetivos definidos en la Estrategia de Economía Circular europea para 2030?

La realidad es que, si no avanzamos en un cambio de paradigma, que se extienda desde el sistema educativo hasta el marco legislativo, tecnológico, financiero y de modelos de negocio, dejaremos pasar la oportunidad histórica de liderar la evolución hacia modelos más sostenibles, reducir nuestra dependencia exterior -España necesita 2,5 veces su superficie para satisfacer sus necesidades actuales- y reforzar la competitividad y capacidad de internacionalización de nuestras empresas.

España es el segundo estado por tamaño y el primero por nivel de biodiversidad de Europa; disfruta de unas condiciones geográficas y climáticas óptimas para el desarrollo de las energías renovables -solar, eólica e hidráulica-; un sistema de conocimiento e innovación consolidado y en pleno crecimiento -es considerado uno de los cinco países europeos con mayor grado de desarrollo tecnológico-; mano de obra cualificada, y un alto grado de concienciación sobre la necesidad de actuar frente al deterioro medioambiental y el cambio climático entre ciudadanos y sector empresarial.

De hecho, en torno al 85% de las organizaciones privadas consultadas en el marco del Eurobarómetro publicado en junio de 2016 afirmaba haber adoptado alguna política o medida vinculada con la economía circular en los tres años anteriores o estaba en vías de hacerlo, lo que colocaba a España en el tercer puesto en cuanto a implantación en el sector empresarial. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en el 70% de los casos estas medidas se centraban en la gestión de residuos -de hecho, el ámbito con mayor desarrollo legislativo-, y solo el restante 15% tomó en cuenta otras fases del proceso de producción o consumo -desde el diseño circular o la eco-innovación a la logística-, desaprovechando las oportunidades estratégicas que abre la implantación de este tipo de modelo en términos de eficiencia, innovación, productividad y competitividad.

No solo eso, sino que, según el Circle Economy, la “brecha de circularidad global se está ampliando”. En concreto, la tasa de circularidad -que mide la proporción del material recuperado y devuelto a la economía-, se cifra en España en un 8,2%, frente al 9,1% alcanzado dos años antes, lejos del 11,7% de la media de la UE y por debajo de, 8,6% de promedio mundial. La Fundación Cotec atribuye esta situación a que, en momentos de crisis, las empresas han buscado una mayor eficiencia en el uso de recursos y materiales, esfuerzos que se relajaron cuando llegó la recuperación. La actual crisis provocada por el Covid-19 podría contribuir a recuperar parte de ese terreno perdido.

Además, nos situamos lejos de la media europea en indicadores clave en ámbitos como la gestión de residuos -paradójicamente, el que más y mayores esfuerzos ha concentrado-, con un 33,5% de tasa de reciclaje en España, frente al 46,5% en la UE, o un 54% de residuos municipales que acaban en vertederos, más del doble que la media europea -porcentaje que complica llegar al objetivo de la UE de bajar al 10% el depósito en vertederos en 2030-, además de la proliferación de vertederos ilegales -situación objeto de varios sanciones al país-.

¿Por qué estamos en esta situación?

Este retraso en la evolución hacia modelos de economía circular en España, que contrasta con su teórico potencial para abordar la transición de manera exitosa, responde a una combinación de múltiples factores, entre los que podemos destacar: el retraso en un marco de referencia nacional –la Estrategia Española de Economía Circular se aprobó, finalmente, en junio de 2020, cinco años después que el europeo y tras más de dos años en tramitación-, con objetivos, herramientas y políticas que incentiven la inversión en soluciones más sostenibles e innovadoras, a lo que se une la disparidad de normativas entre las diferentes comunidades autónomas; la estructura empresarial, con más de un 97% de pymes y micropymes, con recursos limitados que dificultan la inversión, más en momentos de crisis como las que hemos sufrido en los últimos ejercicios; la ausencia de metodologías de seguimiento, medición e indicadores claros en esta materia, y la presión del mercado.

Este contexto ha provocado que, pese a la creciente concienciación y compromiso del sector empresarial, se hayan desincentivado inversiones innovadoras, tanto nacionales como internacionales, y que el consumo de materiales y energía y las emisiones de CO2 crezcan año tras año, con el consiguiente empeoramiento de los impactos en el entorno y en la calidad de vida y salud de sus habitantes

En 2019, la consultora Kaizen Institute, realizó un estudio sobre la inversión de las empresas españolas en proyectos y soluciones que ayuden a mejorar la economía circular. Concluyó que solo el 30% de ellas están incorporando iniciativas sostenibles basadas en la utilización de materiales reciclados, uso de energías alternativas o diseño de productos más fácilmente reciclables, y que estas medidas suponen, de media, un 12% de la inversión total.

La Estrategia Española de Economía Circular (EEEC), ‘España Circular 2030’, apela a la necesaria colaboración público privada para alcanzar los ambiciosos objetivos, alineados con los definidos por la UE: reducir en un 30% el consumo nacional de materiales en relación con el PIB -respecto a 2010-; disminuir la generación de residuos un 15%; aumentar la reutilización hasta llegar al 10% de los residuos municipales generados; mejorar un 10% la eficiencia en el uso del agua, y reducir la emisión de gases de efecto invernadero por debajo de los 10 millones de toneladas de CO2 equivalente, entre otros. -Leer más en ‘La Estrategia Española de Economía Circular: Construyendo un sistema más sostenible y competitivo’-.

En este sentido, el Ministerio de Transición Ecológica destaca que la transición “debe hacerse de forma que permita a las empresas ser eficientes sin incurrir en cargas excesivas, mejorando su productividad, capacidad de contratar, sus inversiones y sus oportunidades de internacionalización”. Añade que es necesario mejorar la base de nuestros conocimientos científicos y técnicos, desarrollar nuevas tecnologías, y rediseñar los productos y procesos productivos, modelos de negocio, incluyendo los servicios, y de consumo.

En el documento hace hincapié en que el fomento de la I+D+i, en la que se enmarca el diseño, es un elemento crucial en este proceso de transición. Esa apuesta por la innovación permitirá, “al mismo tiempo, contribuir a la modernización, desarrollo, crecimiento y competitividad empresarial que contribuirá, también, a la competitividad y modernización de la industria europea y española”.

País Vasco: Un caso de éxito que inspira

La evolución en el País Vasco demuestra que los resultados pueden ser muy distintos cuando sector público y privado trabajan de la mano para alcanzar objetivos compartidos y éstos abarcan todo el ciclo de producción y consumo. El gobierno autonómico ha realizado una decidida apuesta por la implantación de modelos circulares, con legislación propia, refuerzo del sistema de innovación y conocimiento, programas de apoyo a la innovación y a nuevos negocios e incentivos fiscales, entre otras medidas. Desde el año 2000, el consumo de materiales en esta comunidad se ha recortado un 25% -pese al crecimiento del 26% en la economía regional- y el volumen de residuos urbanos en vertedero ha bajado un 56%.

En enero, ratificó esta apuesta con la aprobación de la Estrategia de Economía Circular de Euskadi 2030. Además de mantener las líneas mencionadas, se pondrá especial atención a la generación y transferencia de conocimiento; capacitación de profesionales; el desarrollo de estándares técnicos y de metodologías para facilitar la utilización de materiales secundarios, o la aplicación de tasas medioambientales, entre otras líneas.

Con su implantación se espera conseguir la creación de más de 3.000 empleos en el ámbito de la economía circular, un aumento de la facturación de las empresas del territorio en productos más circulares hasta los 10.000 millones de euros y la reducción del 26% de las emisiones de carbono asociadas al consumo, entre otros hitos.